Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2467 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2026, sobre compensación financiera a los consumidores finales de combustibles y sobre los derechos de emisión entregados por emisiones no cubiertas por el capítulo IV bis de la Directiva 2003/87/CE (DOUE L de 6 de noviembre de 2026).

Un depósito fiscal despacha gasóleo a un distribuidor y parte termina en una fábrica de vidrio con autorización de emisión del RCDE. Desde 2028, el depósito fiscal entregará derechos del ETS2 por ese litro y la fábrica seguirá entregando los suyos por quemarlo. Eso es el doble cómputo. El Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2467, publicado en el DOUE el 6 de noviembre, regula qué pasa cuando no se ha podido evitar. La compensación la cobra el consumidor final, la paga el Estado y llega al año siguiente; el operador no recupera nada. Entra en vigor el 26 de noviembre de 2026.

Cuándo hay doble cómputo y cuándo cobertura involuntaria.

El ETS2 grava el combustible que se quema en edificios, en el transporte por carretera y en la industria y la energía fuera del RCDE de instalaciones. El anexo III de la Directiva 2003/87/CE excluye el destinado a las actividades de su anexo I, que ya tienen autorización de emisión (refino, cemento, vidrio, cerámica, papel o combustión de más de 20 MW térmicos), y tampoco cubre la agricultura, la pesca, el ferrocarril ni la navegación.

El artículo 1 del Reglamento llama "doble cómputo" a entregar derechos por combustible usado en una instalación del anexo I, y "cobertura involuntaria" a entregarlos por combustible usado fuera de los dos anexos, por ejemplo en un tractor o en un pesquero.

El factor de alcance sectorial decide quién paga.

La herramienta para evitarlo está en el plan de seguimiento. El artículo 75 terdecies del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 exige un factor de alcance sectorial por cada flujo de combustible. Es 1 si todo va a sectores del anexo III. Es 0 si todo va a instalaciones del anexo I y la entidad regulada demuestra que ha evitado el doble cómputo. Como prueba admite la separación física de los flujos, el marcador fiscal, el informe verificado de emisiones de la instalación cliente y la cadena de contratos y facturas hasta el consumidor final. Si nada de eso es viable, el valor por defecto es 1.

El marcador del gasóleo bonificado no basta por sí solo: distingue el gasóleo B del A, pero el B se usa tanto en calefacción, que está cubierta, como en agricultura, que no lo está. Y cuando el depósito fiscal vende a un distribuidor pierde el rastro del uso final: el factor será 1 y el coste bajará por la cadena hasta la fábrica o la explotación agraria.

Qué fija el Reglamento 2026/2467 para la compensación.

Según el artículo 2, el beneficiario tiene que haber soportado el coste del carbono por doble cómputo o cobertura involuntaria. El precio es la media de las subastas del ETS2 en el período admisible, que no puede pasar de un año natural, y el dinero se paga en el año siguiente con criterios objetivos y no discriminatorios. La definición del artículo 1 incluye el nivel cero, y el considerando 3 admite que cada Estado fije umbrales mínimos.

Qué supone en una factura.

Un agricultor compra 1.000 litros de gasóleo B a un distribuidor que se abastece de un depósito fiscal con factor 1 en ese flujo. Con los factores por defecto del anexo VI del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066, esos litros suponen alrededor de 2,7 toneladas de CO2. A 45 euros por tonelada, el precio de referencia del mecanismo de estabilidad del artículo 30 nonies de la Directiva, el coste del carbono incluido en la factura ronda los 120 euros, unos 12 céntimos por litro. El agricultor los ha pagado sin que su actividad esté cubierta y el depósito fiscal ha entregado derechos que no debía. Solo el Estado puede devolver ese dinero, al año siguiente, si ha creado una medida de compensación, el agricultor supera el umbral y lo solicita.

Lo que cambia para el depósito fiscal y para su cliente.

Para el operador no hay vía de recuperación, y su cliente solo podrá reclamar si el Estado monta una medida de compensación. En España, como explicamos en la nota sobre el arranque del ETS2 en 2028, la Ley 1/2005 sigue sin incorporar el régimen de las entidades reguladas: no hay medida, ni autoridad designada, ni umbral.

El considerando 8 dice cómo comprobará el Estado que el consumidor pagó de más: mirando si la entidad regulada aplicó el factor 1 en su plan de seguimiento aprobado, o pidiendo pruebas al consumidor. A nuestro juicio, la consecuencia práctica llega antes que la ley: las fábricas con autorización de emisión pedirán a su suministrador directo el factor 0 para no pagar dos veces, y el operador necesita entonces la prueba del artículo 75 terdecies en el plan de seguimiento que tramita el MITECO.

Revisar el plan de seguimiento flujo por flujo e identificar los clientes directos con autorización de emisión y los suministros a agricultura, pesca y ferrocarril. Reunir para cada uno el informe verificado de la instalación o la cadena de contratos y facturas, y conservarlo con la documentación del impuesto. Recoger en los contratos de 2027 y 2028 quién aporta esa prueba y qué pasa con el coste del CO2 si el factor se revisa. Llevar cuenta de los derechos entregados por litros no cubiertos: es el dato con el que el cliente pedirá la compensación cuando exista.

Si necesitas más información o alguna aclaración sobre el doble cómputo en el ETS2, puedes contactar con nosotros aquí.

Fuentes

Esta nota tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento jurídico.

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