Real Decreto-ley 41/2026, de 20 de noviembre, por el que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (BOE núm. 290, de 21 de noviembre de 2026).

Un depósito fiscal que despacha gasóleo a consumo lleva desde 2025 presentando informes de emisiones al MITECO con apoyo directo en la Directiva 2003/87/CE, porque la ley española no recogía su figura. Desde el 22 de noviembre de 2026 la recoge. El Real Decreto-ley 41/2026 incorpora a la Ley 1/2005 la entidad regulada del ETS2, le exige una autorización de emisión y tipifica como infracción muy grave ejercer la actividad sin ella.

Quién es entidad regulada.

El nuevo artículo 2, letra z), sigue el orden del impuesto especial. Es entidad regulada quien despacha a consumo los combustibles del anexo II bis, y se determina por este orden, de modo que cada supuesto solo se aplica si no se aplica el anterior:

  • El depositario autorizado (fábrica o depósito fiscal de hidrocarburos).
  • Cualquier otro deudor del impuesto especial devengado.
  • Cualquier otra persona que las autoridades deban registrar como deudora del impuesto.
  • La persona que designe la autoridad competente.

El consumidor final queda excluido de forma expresa.

Fábricas y depósitos fiscales de hidrocarburos: entidad regulada en primer lugar.

En hidrocarburos, el primer supuesto comprende a los titulares de fábricas y de depósitos fiscales. La letra z) remite al depositario autorizado de la Directiva (UE) 2020/262, que en la Ley 38/1992 es el titular de una fábrica o de un depósito fiscal (artículo 4.7). Una refinería es entidad regulada por lo que sale a consumo de sus instalaciones, igual que un depósito fiscal. El despacho a consumo que define la actividad es el del artículo 6.3 de esa Directiva, que comprende la salida del producto del régimen suspensivo. En el Impuesto sobre Hidrocarburos esa salida determina el devengo y convierte al depositario en sujeto pasivo. Las dos condiciones de la definición, despachar a consumo y deber el impuesto devengado, coinciden en la misma persona.

El depositario es sujeto pasivo también cuando almacena por cuenta de un operador, al que repercute la cuota. La entidad regulada es entonces el titular de la fábrica o del depósito, no el operador propietario del carburante. Las salidas en régimen suspensivo hacia otro depósito fiscal quedan fuera, porque no hay despacho a consumo.

Destinatarios registrados y otros deudores del impuesto.

El segundo supuesto recoge a quien debe el impuesto sin ser depositario autorizado. Es el caso del destinatario registrado, que recibe producto en régimen suspensivo desde otro Estado miembro: el impuesto se devenga con la recepción y él es el sujeto pasivo. También el de quien importa y despacha el producto en la aduana sin introducirlo en un depósito fiscal. La letra z) incluye además a los deudores del artículo 21.5 de la Directiva 2003/96/CE, que se refiere, entre otros, al suministro de gas natural. Los supuestos tercero y cuarto son de cierre.

Un mes para quien despacha sin autorización.

El artículo 50 dispone que, sin la autorización de emisión que otorga el MITECO, ninguna entidad regulada llevará a cabo la actividad. Según la nueva disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2005, las entidades que ya cuentan con la autorización, o que la solicitaron antes de la entrada en vigor, no tienen que presentar una nueva solicitud. Las que estaban en funcionamiento sin ella deben pedirla "sin demora injustificada y, a más tardar, en el plazo de un mes" tras la entrada en vigor. El plazo vence el 22 de diciembre de 2026.

La solicitud se presenta con el plan de seguimiento (artículos 51 y 54).

Las sanciones y el cruce con los datos del impuesto.

El artículo 29 quater establece el régimen sancionador que faltaba, como señalamos en la nota sobre el arranque del ETS2 en 2028. Son infracciones muy graves, entre otras, ejercer la actividad sin autorización, no presentar el informe anual verificado, no informar de los costes repercutidos y no entregar los derechos. El artículo 30.4 las sanciona con multa de 15.001 a dos millones de euros y con la extinción de la autorización o su suspensión de uno a dos años. La falta de entrega añade 100 euros por cada tonelada emitida en exceso.

La disposición final segunda añade una letra o) al artículo 95.1 de la Ley General Tributaria. Permite ceder datos tributarios a la Oficina Española de Cambio Climático para identificar a las entidades reguladas, contrastar lo notificado con lo declarado a efectos fiscales y detectar infracciones. A nuestro juicio, ello permite contrastar los litros del informe de emisiones con los declarados en el Impuesto sobre Hidrocarburos.

El calendario que queda en la ley.

  • Antes del 30 de abril de cada año: informe verificado de las emisiones del año anterior (artículo 56).
  • El 30 de abril de 2028, 2029 y 2030: porcentaje medio del coste de los derechos repercutido a los consumidores (artículo 57).
  • A más tardar el 31 de mayo de cada año, a partir de 2029: entrega de derechos por las emisiones verificadas (artículo 27.3).

Qué hacer antes del 22 de diciembre.

  • Comprobar si la empresa tiene la autorización otorgada o, al menos, la solicitud registrada antes del 22 de noviembre, y conservar el justificante.
  • Presentar la solicitud con el plan de seguimiento si no se pidió. La obligación es del titular de la fábrica o del depósito fiscal aunque el producto sea de terceros, y alcanza también al destinatario registrado y a los demás deudores del impuesto.
  • Conciliar los volúmenes del informe de emisiones con las autoliquidaciones del impuesto y con la contabilidad de existencias, y documentar las diferencias.

Si necesitas más información o alguna aclaración sobre las obligaciones de la entidad regulada, puedes contactar con nosotros aquí.

Fuentes

Esta nota tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento jurídico.

Compartir esta notaLinkedInCorreo